"La polarización política en España se intensifica ante el resurgimiento económico"

En el primer año de legislatura tras las elecciones generales del 23 de julio, al igual que ocurrió tras los comicios de 2019, el debate no se ha centrado en el tradicional conflicto entre izquierda y derecha. Sin embargo, al concluir el año, esta dicotomía ha vuelto a emerger, especialmente en el ámbito económico y, sobre todo, en lo que respecta a la política fiscal. En primer lugar, por los gravámenes a las compañías eléctricas y, en breve, por las nuevas medidas laborales.

En estos días se han visto montajes fotográficos con los rostros en un mismo friso de Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox), Carles Puigdemont (Junts) y Andoni Ortuzar (PNV). Los cuatro líderes de sus respectivas fuerzas políticas no quedaron para tomarse esa foto juntos, pero la imagen no suponía en absoluto una distorsión de la realidad. Sus partidos han votado juntos en el Congreso para derrotar al PSOE, a Sumar, a ERC, a EH Bildu, a Podemos y al BNG e impedir que se mantenga un impuesto a las eléctricas. Estos últimos no se resignan, pero el gesto del Gobierno de este lunes, la aprobación de un decreto en Consejo de Ministros para levantar el impuesto, no pasará del terreno de los símbolos. Una vez que llegue al Congreso para su convalidación de nuevo, será rechazado. Y sí, PNV y Junts volverán a votar juntos con PP y Vox para evitar que las empresas eléctricas tengan que prolongar la obligación de este impuesto extraordinario.

A un año largo desde el comienzo de la legislatura ahora sí hay datos concretos que justifican a quienes desde los medios de comunicación y desde la política ―desde luego el PP― proclaman que el bloque sostenedor del Gobierno no es de izquierdas. No lo es, en efecto, en materia económica, aunque bajo el manto de la denominación “progresista” el PNV se reivindica como el que más. Las ímprobas dificultades por sacar adelante este impuesto competirán con las que tendrá la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para ver plasmada en el BOE una ley por la que la jornada laboral semanal pasa de 40 a 37,5 horas. Al tiempo, tiene ya muy adelantado el establecimiento de una llamada prestación universal por crianza, que supondrá un ingreso de 200 euros mensuales por cada hijo menor de edad. Este ingreso se incluirá en los Presupuestos Generales del Estado.