¡Investigación en marcha! 21 personas bajo la mira por construir en áreas inundables y no urbanizables de Alicante.

El dueño de una parcela ubicada en la pedanía de El Moralet de Alicante, la más distante del núcleo urbano, logró convencer a varias personas para que invirtieran en su terreno. La propuesta consistía en dividir la propiedad en 12 secciones, de modo que cada uno pudiera edificar su propia vivienda. A pesar de que las obras avanzaban, se realizaban sobre terreno no urbanizable e inundable, una situación de la que eran conscientes todos los involucrados, según la investigación de la Guardia Civil de Alicante. Además, la mayoría de los trabajadores de la construcción eran empleados irregulares sin contrato. Las indagaciones llevadas a cabo de oficio por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) desde marzo del año pasado finalizaron a finales de diciembre, resultando en la imputación de 21 personas como investigadas por delitos contra la ordenación del territorio y la normativa urbanística, así como otros delitos relacionados con los derechos de los trabajadores extranjeros.

La operación, denominada Insidias 2, arrancó con una inspección rutinaria de una patrulla del Seprona en la pedanía de El Moralet, una zona rural situada a unos 18 kilómetros del centro de la capital alicantina y con 2.322 habitantes censados en 2023. En marzo de 2024, la patrulla detectó la construcción de varias viviendas, en distintas fases de ejecución, en una parcela situada sobre una rambla y, por tanto, inundable, en la que, además, no estaba permitida la edificación. La investigación, prolongada durante nueve meses, logró establecer como punto de partida una empresa ficticia gestionada por uno de los investigados, que se presentaba como gerente de la firma y propietario del suelo entre los potenciales compradores.

Esta persona fue capaz de convencer a otros de los investigados por la Guardia Civil para que se asociaran con él y montaran una mercantil real que comprara su terreno, de unos 11.000 metros cuadrados, y lo subdividiera en 12 parcelas más pequeñas en las que cada uno podría construir la vivienda que se le antojara. En todo momento, asegura la Guardia Civil, los compradores conocían la ilegalidad de la operación y la imposibilidad de levantar cualquier inmueble allí.