"El Ayuntamiento de Cangas en la mira judicial por malversación tras pagar rescate en bitcoins a hackers"

Un ciberataque interrumpió el funcionamiento del Ayuntamiento de Cangas de Morrazo (Pontevedra) entre mayo y junio de 2023. Este incidente afectó a la base de datos de la Policía Municipal, al catastro y a las nóminas de los funcionarios. Los hackers exigieron un rescate de 248.415 euros en bitcoins, la criptomoneda más conocida que permite realizar transferencias de manera anónima. A cambio, prometieron proporcionar las claves necesarias para desbloquear los archivos comprometidos. Actualmente, el asunto se encuentra en manos de la justicia. La Fiscalía sostiene que el Gobierno local ha incurrido en un presunto delito de malversación de fondos públicos y otro de prevaricación, debido a la decisión de la alcaldesa, Araceli Gestido (BNG), de satisfacer el supuesto chantaje.

La alerta surgió de madrugada en las dependencias de la Policía Local cuando uno de los agentes intentó acceder a la base de datos para consultar los antecedentes de un detenido. En aquellos momentos de caos la alcaldía la ocupaba Victoria Portas, del partido Alternativa dos Veciños (AV), que rechazó el chantaje de los piratas informáticos, después de denunciar el caso en la Guardia Civil y ser advertida de que no accediera a ningún pago. Pero días después todo cambió con la celebración de las elecciones municipales al dar las urnas la alcaldía al BNG. A través de una empresa intermediaria, la nueva alcaldesa permitió el rescate en bitcoins a cambio de las claves que permitiesen el desencriptado de todos los archivos infectados por el virus ransomware Lockbit 3.0, según la denuncia que la Fiscalía presentó en el juzgado en marzo pasado y en la que deja patente los interrogantes del caso.

Tanto el PP de Cangas, como más adelante el AV, el partido de la exalcaldesa, presentaron una denuncia que abrió las diligencias de investigación penal sobre el pago de ese presunto chantaje. En la tramitación del caso ya han tenido que ir a declarar al juzgado varios implicados en la gestión del rescate como investigados y personal del Ayuntamiento como testigos.